LA ANEXIÓN
DE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS
Fidel Castro Ruz
Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato
que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y
Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia
y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del
2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.
El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos.
No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía,
democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando
un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un
lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador
y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible,
y no vi razón alguna.
En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican
a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte
a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos
con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder
progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la
creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril
de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá
bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía
colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha
armada en ese país.
El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República
de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una
Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión
Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito
el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988;
la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta
Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad
Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica
convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en
el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia
posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en
extensión territorial, arrebatado a México, que después
sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad
de ese hermano país.
Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que
soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto
a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio
pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos
y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución
Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril
de 1961.
Durante más de un año y medio, antes de la invasión,
el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias
del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.
Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios
operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la
zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que
desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y
la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y
sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para
Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.
Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo
es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo
internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para
evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno,
a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra,
promovió, financió y armó durante decenas de años
las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.
La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la
presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina
con ese propósito es una descarada intervención extranjera en
sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su
población.
La lectura del documento demuestra que no sólo las bases
aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también
los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil
a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también
a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses
que nada tienen que ver con los de la población colombiana.
Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de
prerrogativas excepcionales.
En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer
delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que
responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron
los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar
de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron
a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el
Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número
total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin
restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las
bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden
ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.
El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos
de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período,
advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados
Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo
y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron
capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto
duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?
Los políticos de América Latina tienen ahora
ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos
de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en
este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de
divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio,
pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia
no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.
No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos;
sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus
sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás
se resignarán a tal infamia!
El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio
climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi
imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe.
Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo
de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de
efecto invernadero.
Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe
riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde. Los países
del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y
ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los
gastos de la batalla climática.
¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados
Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para
imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre
amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio,
y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo
del planeta.
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